DE LOS CARTELES AL CARRUSEL DE LOS CONCESIONARIOS
Hace diez años realicé varios debates en el Senado que tenían nombre propio “El Cartel de los Concesionarios”, donde destapamos procesos de corrupción, por los que se logró frenar la entrega de concesiones a particulares que financiaran este tipo de obras a través del cobro de peajes anticipados; se prohibió la inclusión de la cláusula de compensación y desde entonces impedimos que las nuevas concesiones obtengan los recursos del tráfico garantizado, que hoy siguen siendo la vena rota de las concesiones de primera generación.
Nunca imaginamos que una década después el panorama de la contratación pública en Colombia fuera aún más turbio. Según la última encuesta de Probidad, en nuestro país el 84,4% de los empresarios se abstiene de participar en los procesos de contratación pública, por la alta corrupción del proceso licitatorio. La manera de legalizar la corrupción, se encuentra en la elaboración de los pliegos de condiciones o términos de referencia, para lo cual los asesores internos y externos de turno crean el cedazo con el fin de permitir la manipulación.
Un primer filtro, bajo el pretexto de aplicar la ley 1150 de 2007, son los requisitos condicionados exigidos a los
modificación de los diseños, y alternativas de métodos constructivos, que generan altas rentabilidades distantes al contrato inicial. Pese a que la ley permite que los contratos se puedan adicionar hasta el 50% del valor inicial, hoy por la vía de las mayores cantidades de obra o urgencias manifiestas, vemos contratos que desbordan la aplicación de la Ley.
Muchas son las modalidades para impedir el mayor número de proponentes, como la de exigir una visita de obra en fecha, hora y sitio, que muy pocos pueden cumplir; o ladescalificación del contratista por elementos o errores decarácter subjetivo. Se ha llegado a casos tan aberrantes, que al cumplir todos los requisitos, que en algunos casos son elementales, el desempate lo hacen por el primero que presentó la propuesta, que seguramente es quien conocíaeste determinante.
Es absurdo que al momento de evaluar las propuestas no se tenga en cuenta la experiencia de los proponentes en el sector privado, y lo que es peor, que al ser subcontratistas de obras del Estado, no se acepte dicha experiencia validándole sólo la ejecución de obra al contratista público directo, lo que hace que los subcontratistas nunca puedan ser contratistas.
Considero necesario y de manera perentoria limitar la libertad en la elaboración de los pliegos de licitación, unificando a nivel nacional, los manuales de contratación de las entidades oficiales, la ponderación de los requisitos esenciales por cuantía o tipo de proyecto, el listado de precios unitarios de obras públicas y la metodología de evaluación, incluyendo porcentajes fijos para ciertos estándares estables de todo proceso contractual.
El destape de los carteles de la contratación apenas comienza en Bogotá, y ahora debemos seguir por destapar el carrusel nacional, que nos dará muchas más sorpresas.
